Luego de haber iniciado el pago a un primer grupo de propietarios de apartamentos del conjunto residencial Altos del Campo, ubicado en la calle 84B No. 41D-115, en cumplimiento de las órdenes judiciales contenidas en los autos de fecha  27 de abril y 12 de agosto de 2015, proferidos por el Juzgado Once Penal Municipal de Barranquilla, en el marco de la acción de tutela No. 2006-00525; así como en la sentencia T-473 de 2008 y el auto de fecha 6 de julio de 2015 de la Honorable Corte Constitucional, la Alcaldía Distrital está convocando a los restantes propietarios para que en el término de un mes, a partir de la fecha, presenten la  documentación requerida para el trámite del pago a que tienen derecho en virtud de las citadas decisiones judiciales.

La Alcaldía Distrital pagará inicialmente, en la proporción que le corresponde a cada propietario del conjunto residencial Altos del Campo, la suma de $18.750.000.

Para ello, previamente deben entregar la siguiente documentación: certificado de tradición vigente, original y libre de gravamen y de prohibición de venta; copia del Registro Único Tributario RUT; copia de la cédula del/los propietario(s); certificación bancaria original y vigente; formato pago de sentencia judicial (lo suministra Oficina Jurídica); copia simple de escritura pública de compraventa; cuenta de cobro; solicitud de pago dirigida a la Oficina Jurídica Distrital, que debe ser radicada en Ventanilla Única de Atención al Ciudadano; poder judicial vigente cuando se pretenda obrar mediante apoderado judicial y autorización de pago cuando se trate de 2 o más propietarios.

Posteriormente, la Alcaldía Distrital realizará un segundo pago por valor de $18.750.000 previa presentación de los requisitos enunciados, más el certificado de tradición vigente a nombre de la respectiva constructora, completando de esta manera el pago total de $37.500.000 que corresponde a cada propietario.

De no ser presentados los requisitos para pago en el término solicitado, la Alcaldía Distrital de Barranquilla procederá a tomar las medidas administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento de dicha orden judicial, a través de depósito judicial y suspensión de los subsidios de arrendamiento temporal, según sea el caso.